

Jaime Casas Madero
Sin duda que estas protestas son legítimas y pertinentes en contra del gobierno, pero también hay que considerar que son radicales y excesivas al afectar los derechos de terceros.
El día de ayer, de nueva cuenta, volvimos a vivir la paralización y bloqueo de las principales vías de comunicación del estado y de la ciudad de Zacatecas, generando con ello un malestar social entre quienes nos vemos afectados por estas acciones de protesta en contra de políticas públicas que pretende aplicar el Gobierno Federal y que, sin duda alguna, afectan al sector agropecuario del país.
Sin duda que estas protestas son legítimas y pertinentes en contra del gobierno, pero también hay que considerar que son radicales y excesivas al afectar los derechos de terceros, pues son muchos los daños colaterales que se generan con este tipo de movilizaciones a particulares que nada tienen que ver y, sin embargo, resultan afectados en su vida cotidiana.
Pero el origen del problema radica, en gran medida, en la falta de talento y previsión política del Gobierno Federal, al encrispar a uno de los sectores más fuertes y politizados del país, como lo es el agrario.
La desestabilización que vemos en el sector desde hace unas semanas a nivel nacional se originó, entre otras causas, por la noticia de los precios de garantía de algunos productos que no son reales y perjudican en mucho la economía de los productores, como es el caso del maíz y frijol, básicamente; aunado a esto, las medidas administrativas y absurdas que, de manera arbitraria e ilegal, implementó la Comisión Nacional del Agua al suspender todo trámite en sus plataformas y, de manera presencial, lo relativo a la cesión de derechos de agua que se tiene por medio de las concesiones que este organismo otorga a los campesinos, so pretexto de detener el acaparamiento y monopolio que se ha generado en los últimos años respecto a este importantísimo recurso.
Además de lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados iniciativas para crear la Ley Nacional de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativas que generaron desestabilización y movilización social dado que estas propuestas de disposiciones normativas atentaban contra la operatividad del campo mexicano. Si bien es cierto que es necesaria una reforma al uso y administración del agua, lo es no en los términos en que se presentó la iniciativa.
Sin duda que algo anda mal en la Secretaría del Campo y la Comisión Nacional del Agua, pues estas acciones denotan que no hay sensibilidad ni conocimiento pleno del sector agropecuario y, lo más grave, que desestabilizan al país y dan elementos a la oposición para golpear y dañar la imagen y proyecto social de la Presidenta de México.
No es casual el llamado de algunos líderes afines al Gobierno Federal, como Cuauhtémoc Cárdenas y Ricardo Monreal, quienes llamaron al diálogo con este sector y a evitar un agravamiento del problema ante estas movilizaciones, en cierta forma justificadas.
Es urgente que la Presidenta revise y evalúe la capacidad de sus colaboradores en esta y otras áreas de su administración y evite desaciertos en la implementación de políticas públicas que le generan deterioro en su gestión y, lo más grave, que sirven de caldo de cultivo al proceso de desestabilización que se gesta en estos momentos en todo el continente americano.