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Julieta del Río.
Para algunos, resulta escandaloso que un servidor público acumule un patrimonio de tal magnitud. Sin embargo, conviene distinguir dos debates que con frecuencia se confunden.
Julieta del Río
La rendición de cuentas es aplicar la Ley por igual, sin selectividad. Ante las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y las inconsistencias en declaraciones patrimoniales, las investigaciones deben realizarse con el mismo rigor y sin excepciones.
El pasado viernes, durante la conferencia matutina, se cuestionó sobre el patrimonio del hoy embajador y exfiscal Alejandro Gertz Manero. La respuesta de la Presidenta fue que no tenía nada que opinar porque se trata de su patrimonio personal y, además, señaló que lo preocupante sería que no lo transparentara.
Reiteró que “fue transparente al publicar cuánto percibe y cuáles son sus propiedades; es información pública que él mismo ha dado a conocer”.
Para algunos, resulta escandaloso que un servidor público acumule un patrimonio de tal magnitud. Sin embargo, conviene distinguir dos debates que con frecuencia se confunden.
Una cosa es discutir si el patrimonio es congruente y en proporción con sus ingresos y otra muy distinta cuestionar el hecho de que lo declare públicamente. Si los bienes están registrados en su declaración patrimonial y son de conocimiento público, existe, al menos, un punto de partida para su investigación.
Pero después, el día de ayer se le cuestionó algo similar ahora sobre la Gobernadora de Chihuahua y ahí sí se pidió que se investigara por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí entra la desigualdad, aunado que hemos visto reportajes de incongruencias en las declaraciones patrimoniales de algunos embajadores que dio a conocer el medio Emeequis.
El caso va mucho más allá de una persona en particular: la utilidad y la credibilidad de las declaraciones patrimoniales como un mecanismo de rendición de cuentas.
El verdadero problema es otro. En los últimos años hemos visto casos que después de décadas en la administración pública o en cargos de elección popular, presentan declaraciones patrimoniales en ceros o “casi” nada. Casas, terrenos, inversiones o empresas simplemente desaparecen del papel. Declaran bajo protesta de decir verdad, pero difícilmente alguien cree esas versiones, pues la historia y las investigaciones arrojan otros datos.
También existen los casos opuestos: funcionarios y políticos (hombres y mujeres) que al inicio de su trayectoria hace tres o cuatro años no reportaban un patrimonio significativo y con el paso del tiempo aparecen con una fortuna considerable, sin que exista una explicación clara y verificable sobre su origen.
Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene más o menos bienes, sino en la veracidad de las declaraciones patrimoniales y que las revisiones sean parejas y no por intereses políticos
Sólo así vamos a tener credibilidad en las instituciones que fiscalicen y en los servidores públicos, tanto los que dicen tener como los que dicen que no tienen nada.
Si un servidor público obtiene ingresos legales derivados de una larga trayectoria profesional y los refleja en su declaración, esa información puede revisarse, compararse y, en su caso, investigarse.
La transparencia no consiste en aparentar austeridad en un formulario o en las redes sociales. Consiste en decir la verdad. Pero es preocupante que no se mida con la misma vara cuando se habla de transparencia y rendición de cuentas.
¿Por qué cada vez es más frecuente encontrar declaraciones patrimoniales en las que terrenos, casas o bienes inmuebles aparecen como regalos, donaciones o herencias? Más allá de que esas figuras jurídicas existan, la reiteración de estos casos obliga a preguntarse si las declaraciones patrimoniales están cumpliendo realmente su propósito: ofrecer certeza sobre la evolución del patrimonio de quienes ejercen el poder público pero en general y no selectivo.
@julietdelrio
