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Rafael Sánchez Andrade.
La Ley General de Educación Superior como la propuesta de Ley de Educación Media Superior parten de un principio común: escuchar a la comunidad educativa.
La educación superior avanza en su consolidación; la media superior aún enfrenta el reto de traducir el diálogo en decisiones operativas.
En los últimos años, se han impulsado procesos de consulta para transformar el sistema educativo. Tanto la Ley General de Educación Superior como la propuesta de Ley de Educación Media Superior parten de un principio común: escuchar a la comunidad educativa. Sin embargo, sus resultados muestran ritmos distintos entre lo logrado y lo que aún está por construirse.
La elaboración de la Ley General de Educación Superior (LGES) se sustentó en un amplio ejercicio de participación. Se desarrollaron foros regionales y estatales consolidando un proceso que permitió recuperar propuestas, construir consensos y alinear la agenda educativa con las necesidades del país.
La Ley General de Educación Superior estableció un marco claro para hacer efectivo el derecho a la educación superior, fortaleciendo la coordinación entre niveles de gobierno, definiendo criterios de política pública y sentando las bases de un nuevo modelo de financiamiento. Más importante aún, permitió avanzar en la reorganización del sistema.
Algunos de los logros son lo siguientes: La instalación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior , la reactivación de las comisiones estatales y la puesta en marcha de instrumentos como el Sistema de Evaluación y Acreditación o el Sistema Integrado de Información reflejan un proceso de institucionalización que busca dar orden y sentido al nivel educativo.
También se avanza en el Espacio Común de la Educación Superior y el Marco Nacional de Cualificaciones, que buscan una mayor articulación académica y movilidad estudiantil. En la educación superior se ha logrado transitar del diálogo a la implementación.
En la Educación Media Superior el avance es diferente. La consulta para la construcción de su ley fue amplia y participativa: foros regionales, plataforma digital y más de 50 mil participantes que permitieron recoger una visión sobre los problemas del bachillerato.
Algunos de los hallazgos son: el acceso sigue condicionado por factores económicos; la permanencia se ve afectada por la necesidad de trabajar; y la calidad depende, en gran medida, de la formación docente y de las condiciones de los planteles. Al mismo tiempo, existe un consenso relevante: la necesidad de unificar el sistema a través de un Marco Curricular Común y contar con una ley específica que lo regule.
Los procesos impulsados en ambos niveles educativos muestran diferencias importantes. En educación superior, los foros permitieron construir acuerdos más amplios y avanzar hacia la creación de estructuras, programas e instrumentos derivados de la ley. En cambio, en la educación media superior el proceso se concentró principalmente en una consulta basada en preguntas cerradas, lo que permitió identificar tendencias y problemáticas relevantes, pero limitó la posibilidad de profundizar en propuestas, contrastar visiones y construir consensos más sólidos sobre el rumbo que debería seguir el bachillerato mexicano. El desafío pendiente será transformar esos diagnósticos iniciales en una discusión más amplia, abierta y técnicamente articulada que permita construir una ley con mayor claridad operativa y sentido estratégico.
