Las dictaduras tienen una característica común: tarde o temprano dejan de preocuparse por guardar las apariencias. Mientras necesitan legitimarse ante su pueblo y ante la comunidad internacional, procuran conservar algunos símbolos de la democracia: organizan elecciones, mantienen instituciones con nombres republicanos, hablan de soberanía popular y proclaman el respeto a la Constitución. Sin embargo, cuando el poder se siente suficientemente consolidado, la simulación deja de ser necesaria y el autoritarismo se muestra sin disfraces.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en Nicaragua.

La reciente reforma aprobada por la Asamblea Nacional no representa el nacimiento de una dictadura, porque esa realidad existe desde hace muchos años. Tampoco puede afirmarse con rigor que la democracia desapareció ahora, porque hacía tiempo que había sido vaciada de contenido mediante la persecución de opositores, el encarcelamiento de candidatos presidenciales, la cancelación de partidos políticos, el cierre de medios de comunicación independientes y el exilio forzado de miles de ciudadanos.

Lo verdaderamente significativo es que el régimen de Daniel Ortega ha decidido reconocer públicamente lo que antes procuraba ocultar.

Durante años existieron elecciones cuya competencia estaba previamente anulada. Se votaba, pero los ciudadanos difícilmente podían elegir entre opciones auténticamente libres. Se hablaba de pluralidad, pero quienes representaban una alternativa real eran perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Se conservaban las formas de una democracia mientras el contenido había desaparecido.

Con la nueva reforma, el régimen ya ni siquiera considera necesario sostener esa ficción.

Ahora se establece que quienes sean considerados “traidores a la patria” o reciban apoyos, beneficios o financiamiento provenientes del extranjero podrán quedar excluidos de la vida política. El problema no radica únicamente en las restricciones mismas, sino en quién decide quién es un traidor.

En un Estado democrático esa calificación corresponde a tribunales independientes, mediante procedimientos con garantías, pruebas y derecho de defensa. En un régimen autoritario basta la voluntad del poder para convertir a un adversario político en enemigo de la nación.

La historia demuestra que una de las herramientas favoritas de los gobiernos autoritarios consiste en apropiarse del concepto de patria. Quien critica al gobierno deja de ser un opositor para convertirse en un traidor; quien exige libertades deja de ser un ciudadano para transformarse en un conspirador; quien recibe respaldo internacional para defender los derechos humanos pasa a ser acusado de servir a intereses extranjeros.

De esa manera, el gobierno deja de competir políticamente con sus adversarios y simplemente los elimina de la contienda.

No se trata ya de convencer a los ciudadanos mediante propuestas, sino de impedir que existan opciones distintas.

Paradójicamente, esta reforma constituye una confesión de enorme trascendencia política. El régimen reconoce implícitamente que no está dispuesto a correr el riesgo de una competencia electoral auténtica. Si el resultado de unas elecciones libres pudiera poner en peligro la permanencia del grupo gobernante, entonces lo más sencillo es impedir legalmente que los posibles vencedores aparezcan siquiera en la boleta electoral.

Las elecciones dejan así de ser un mecanismo para que el pueblo decida quién gobierna y se convierten únicamente en un procedimiento para ratificar a quien ya ejerce el poder.

Es la diferencia entre consultar la voluntad popular y administrar cuidadosamente el resultado.

La democracia no consiste solamente en instalar urnas el día de la elección. Exige libertad para organizar partidos, igualdad de condiciones para competir, respeto a la libertad de expresión, independencia judicial y garantías para que la oposición pueda aspirar legítimamente al poder.

Cuando esas condiciones desaparecen, las elecciones se convierten en un simple ritual destinado a legitimar decisiones previamente tomadas.

Lo ocurrido en Nicaragua no inaugura una nueva etapa autoritaria; simplemente elimina el último velo que todavía cubría al régimen. La máscara cayó porque ya no era necesaria. El poder dejó de fingir tolerancia y decidió convertir en norma jurídica lo que desde hace tiempo constituía una práctica cotidiana: excluir a quienes representan una verdadera alternativa política.

Las dictaduras suelen comenzar ocultando su verdadero rostro. Pero cuando se sienten invulnerables, dejan de necesitar el maquillaje institucional. En ese momento ya no procuran convencer al mundo de que son democracias imperfectas; prefieren admitir, mediante sus propias leyes, que la competencia política sólo existe mientras no ponga en riesgo la permanencia de quienes gobiernan.

Y ese reconocimiento, por sí mismo, constituye una de las confesiones más elocuentes que puede hacer un régimen autoritario.